Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial señalada de participar en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Procuraduría General de la Nación apoyó la solicitud de la Fiscalía para imponer detención preventiva en un establecimiento carcelario.
El delegado de la Procuraduría argumentó que “el derecho a la libertad debe ceder frente a la potestad del Estado de investigar delitos graves en procura del bien colectivo”.
Asimismo, enfatizó que los hechos señalados afectan gravemente la administración pública y el orden económico y social, por lo que resulta razonable aplicar la medida solicitada.
“Es razonable la medida toda vez que responde a principios constitucionales y normas legales, ancladas en instrumentos internacionales de derechos humanos”, expresó.
La Fiscalía había señalado previamente a Ortiz de actuar como intermediaria o “mensajera” en las supuestas entregas de sobornos dentro de la UNGRD. Según el ente acusador, su rol habría facilitado la apropiación indebida de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo, lo que constituye una grave afectación al interés colectivo.
Por su parte, Ortiz ha negado los cargos, mientras su abogado, Oswaldo Medina, ha cuestionado el proceso, argumentando que la Fiscalía ha ejercido presión indebida sobre su cliente para que acepte un principio de oportunidad.
Medina calificó el actuar del ente investigador como una improvisación y afirmó que “imputó para investigar, no investigó para imputar”.
