Procuraduría plantea a negociadores en La Habana, los mínimos penales para los responsables de crímenes

En las últimas horas, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, radicó una comunicación dirigida a los jefes de las delegaciones del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las FARC en La Habana (Cuba), Humberto de la Calle y alias ‘Iván Márquez’, respectivamente, con 10 mínimos penales para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio. El informe de 80 páginas es el resultado de un profundo análisis que sobre justicia transicional adelantó durante meses la Entidad,...


En las últimas horas, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, radicó una comunicación dirigida a los jefes de las delegaciones del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las FARC en La Habana (Cuba), Humberto de la Calle y alias ‘Iván Márquez’, respectivamente, con 10 mínimos penales para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio.

El informe de 80 páginas es el resultado de un profundo análisis que sobre justicia transicional adelantó durante meses la Entidad, consultando extensamente la doctrina, la jurisprudencia y los estatutos de los tribunales penales internacionales, así como los instrumentos de protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana y colombiana.

La Procuraduría resalta como positivo el hecho de que las FARC acepten el derecho internacional, así como la coincidencia entre el Gobierno y la oposición, representada por el Partido Centro Democrático, en que se necesitan penas privativas de la libertad para miembros de las FARC que cometieron o cometan crímenes atroces. El Ministerio Público considera que ese puede ser el punto de partida de un Pacto para la Paz que permita que los acuerdos cuenten con el respaldo de los ciudadanos y que garantice que lo que se firme con la guerrilla se cumpla y se pueda poder cumplir.

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En la misiva, el jefe del Ministerio Público subrayó que conforme al derecho internacional, la pena para los máximos responsables es la reclusión y solo si esta se cumple de manera genuina se puede asegurar que no existe impunidad frente a los más graves crímenes. El procurador dejó en claro que la misma pena debe aplicarse para los agentes del Estado que perpetraron iguales crímenes. La impunidad no debe proceder para nadie porque “la sociedad colombiana exige justicia”.

En ese sentido, el oficio radicado señaló que “la pena no debe ser entendida como una imposición, una humillación o una derrota, sino como muestra de sincera voluntad de reconciliación y de dignificación de las víctimas e inclusive de los victimarios”.

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Advierte el jefe del órgano de control que los mecanismos de justicia y su marco de aplicación tampoco pueden omitir la investigación, el juzgamiento, la condena judicial ni el cumplimiento efectivo de las penas de reclusión, cuando los responsables de crímenes atroces sean agentes estatales, integrantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles o dirigentes políticos. Sin embargo precisa que la definición de estos puntos es competencia exclusiva del Congreso de la República.

“No es aceptable desde el punto de vista constitucional que se llegue a usurpar dicha competencia pretendiendo definir ese marco jurídico en la Mesa de Conversaciones. Sería muy grave para los militares y policías que su suerte jurídica la decidieran las FARC y el Gobierno Nacional en La Habana”, precisó el procurador.

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La Procuraduría señaló que los mínimos penales deben servir para construir fórmulas que satisfagan los derechos de las víctimas, los reclamos de justicia y las diferentes perspectivas que se plantean en la Mesa de Negociaciones.

Así mismo, recalcó que es indispensable abrir un debate público con el fin de que las medidas de justicia que se adopten tengan el apoyo de la sociedad y la mayor legitimidad. Para eso propone un foro en que estén representadas las visiones del Gobierno, la oposición y las FARC.

Finalmente anunció que enviará una propuesta en materia de penas a La Habana con el fin de contribuir a que se cumplan dichos mínimos y se garantice así seguridad jurídica para los miembros de las FARC.



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