La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia información detallada sobre el seguimiento realizado a Colpensiones y otros actores del sistema pensional, en relación con la implementación del nuevo modelo aprobado recientemente por el Congreso de la República.
Esta solicitud se conoce un día antes de la sanción presidencial de la Reforma Pensional, programada para este 16 de julio.
El objetivo principal de la Procuraduría es garantizar los derechos de los afiliados y pensionados del sistema. Por esta razón, la delegada de Asuntos del Trabajo requirió información sobre las acciones implementadas y el cronograma de actividades que la Superintendencia tiene previsto ejecutar para evitar riesgos en la operatividad de la administradora de pensiones.
Según el ente de control, si no se llevan a cabo de manera inmediata las funciones de inspección, vigilancia y control, se podría poner en riesgo la viabilidad del sistema, los recursos y los derechos de los afiliados y pensionados del país.
Asimismo, la Procuraduría reiteró que Colpensiones no está preparada para asumir las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado, ya que no cuenta con la capacidad técnica, logística, administrativa ni operativa necesaria para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025.
Además, la Procuraduría señaló que Colpensiones tardó más de una década en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y que actualmente presenta fallas tecnológicas y vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados.
Teniendo en cuenta que a esta cifra se sumarán 19 millones de afiliados que serán trasladados según lo establece la ley, el Ministerio Público solicitó a la Superintendencia Financiera adoptar todas las medidas necesarias, desde sus competencias, para que Colpensiones pueda asumir la administración en materia pensional.
