La Procuraduría General de la Nación pidió decretar la nulidad de la decisión de un juez de Santa Marta que ordenó detener las actividades de exploración y explotación en el área de perforación exploratoria Tayrona, específicamente en el pozo Uchuva. El Ente de Control también respaldó las impugnaciones presentadas por el Gobierno Nacional contra dicho fallo.
Gustavo Guerrero, delegado de Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios de la Procuraduría, afirmó que esta acción judicial, sumada a la situación del pozo Komodo-1, pone en riesgo la seguridad energética del país en cuanto al suministro de gas.
Según Guerrero, la suspensión de la perforación y exploración de este pozo en el mar Caribe resulta preocupante en un momento en el que se necesitará todo el gas disponible para las centrales térmicas, los vehículos y el suministro domiciliario.
El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Segunda Instancia que decrete la nulidad y ordene la vinculación de entidades como la AUNAP, el INVEMAR, la DIMAR y las Capitanías de Puerto de Riohacha y Magdalena para que intervengan en la acción iniciada por el gobernador indígena de la comunidad de Taganga.
Además, pidió que se ordene a la ANLA garantizar el derecho de participación ciudadana de las comunidades interesadas, especialmente del cabildo indígena Taganga, a través del seguimiento y control ambiental a las disposiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental y sus actos modificatorios.
La Procuraduría enfatizó la importancia de contar con todo el gas disponible en la coyuntura actual para abastecer a las centrales térmicas, los automóviles y los hogares, y advirtió sobre los riesgos que implica la suspensión de las actividades de exploración y explotación en el pozo Uchuva para la seguridad energética del país.
