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Procuraduría pide reglamentar las UTL de los congresistas

Según el Ministerio Público, las UTL podrían estar siendo utilizadas como fortines burocráticos o de forma irregular.


Redacción. La Procuraduría General de la Nación, alertó en una carta enviada al Congreso, sobre la necesidad de reglamentar el manejo de las llamadas Unidades de Trabajo Legislativos (UTL) asignadas a cada congresista, pues estarían siendo utilizadas como fortines burocráticos.

El Procurador general, Fernando Carrillo puso como ejemplo la suspensión por 3 meses al representante liberal Hernán Gustavo Estupiñán, tras hallar irregularidades en la contratación de personas no idóneas para cumplir con las funciones en el Congreso.

Las famosas UTL dan derecho a que cada congresista pueda contratar máximo a 10 personas y asigna una suma mensual de 50 salarios mínimos para el pago de los honorarios.

Haciendo cálculos, cada Unidad de Trabajo Legislativo tendría un presupuesto anual cercano a los 496 millones de pesos y sumados los 278 congresistas actuales, el Estado está pagando cerca de 138.000 millones de pesos al año.

El ente de control ha solicitado que se actualicen y se expida las normas que reglamentan el funcionamiento de las UTL y propuso 6 parámetros, entre ellos, que ninguno de los contratistas realice actividades distintas a las del Congreso de la República.

De igual forma que los contratistas no puedan hacer exigencias sobre los pagos que se les hacen y como tercer parámetro solicita que el manejo de las UTL se realice bajo un lineamiento normativo. El cuarto aspecto es que los miembros de las UTL puedan desarrollar funciones desde las regiones; quinto parámetro esta relacionado con que ese trabajo sea soportado con evidencias documentadas y supervisadas por los organismos de control.

Finalmente, el Procurador propuso que la Oficina de Control Interno haga la gestión y vigilancia de dichas Unidades de Trabajo Legislativo.

Ya existen antecedentes de malos manejos en estas UTL, el Consejo de Estado decretó la muerte política al senador de La U, Carlos Enrique Soto, por pagos irregulares a uno de los integrantes de su unidad.



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