Procuraduría pide investigar carteles que embargan ilegalmente recursos de la salud

En Sincelejo (Sucre), Mocoa (Putumayo) y Valledupar (César) el Ministerio Público ha identificado prácticas irregulares en las que participarían jueces y abogados.


Bogotá. La Procuraduría General de la Nación denunció el embargo irregular a los recursos de la salud, y pidió a la Fiscalía, la Contraloría y la Judicatura acciones penales, fiscales y disciplinarias contra jueces, abogados y particulares vinculados con estos carteles.

Aunque la Constitución y las leyes prevén que los recursos para la salud son inembargables, actualmente $500.000 millones de pesos permanecen en depósitos judiciales como respaldo para cubrir obligaciones con terceros como contratistas y trabajadores. De este monto $300.000 millones corresponden a EPS del régimen contributivo y subsidiado y a la red pública de hospitales.

Un informe del Ministerio Público encontró que en Sincelejo, Mocoa y Valledupar jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que debían ser girados a las empresas sociales del estado en su condición de instituciones prestadoras de salud.

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Para el caso de Sincelejo se pudo identificar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito ordenó el embargo de cerca de $11.000 millones de pesos, que tenían como destino la ESE Hospital Universitario de Sincelejo, en procesos donde la mayoría de los reclamantes eran representados por un mismo abogado y el monto de esas deudas no superaba los $4.000 millones de pesos.

En total al Hospital Universitario de Sincelejo por vía judicial le han embargado más de $20.000 millones de pesos. En el departamento de Sucre los embargos a la salud superan los $30.000 millones de pesos.

En comunicación al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; al Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, y al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Sanabria, la Procuraduría remitió copia del informe preventivo sobre la vigilancia a los procesos de embargos aplicados a los recursos del sistema de salud, que sirvió de base a la entidad para iniciar acciones disciplinarias.

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Como parte de las medidas para hacer frente a estos carteles, el ente de control emitió una circular en la que ordena a los procuradores judiciales del país intervenir en los procesos donde se haya ordenado o se pida el embargo de los recursos de la salud, para advertir sobre la prohibición legal y, si es del caso, solicitar las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.

La Procuraduría recordó que el fin último de estos recursos es su circulación en el sistema de salud, y no terminar como depósitos judiciales, existiendo otros medios para garantizar el pago de esas acrecencias.



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