La Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación formal tras las denuncias presentadas por el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal sobre presunta desviación de recursos en varias EPS intervenidas por el Gobierno Nacional. El caso involucra a Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud, según documentos oficiales.
Las denuncias indican que fondos destinados a la atención sanitaria fueron utilizados para fines no contemplados en la normativa vigente. El informe ya fue entregado a la Fiscalía y la Contraloría, entidades que adelantan análisis paralelos sobre posibles infracciones fiscales y penales.
Un documento de 23 páginas emitido por la Procuraduría detalla los motivos para investigar a las mencionadas EPS. El texto señala que recursos públicos fueron redirigidos indebidamente a terceros, violando las normativas establecidas para los servicios de salud.
Entre las irregularidades detectadas se menciona un posible desvío de fondos hacia paraísos fiscales. La Procuraduría también destacó el aumento de quejas por parte de usuarios tras la intervención de la Nueva EPS, lo que muestra deficiencias operativas en estas entidades.
La investigación incluye específicamente a los agentes interventores y representantes legales de las EPS involucradas. Se examinarán con especial atención los pagos realizados por Coosalud a organizaciones clínicas y las transferencias de altos valores a terceros.
En el caso de Emssanar, se investigará por qué ciertos anticipos no fueron legalizados. Además, se analizará la conexión entre agentes interventores y empresas vinculadas a Mario Urán, referido como “el lobista de la salud”.
Respecto al incumplimiento de metas asistenciales, la Procuraduría confirma que, aunque los recursos ya habían sido desembolsados, no se utilizaron para la atención efectiva de pacientes, sino que fueron desviados hacia servicios no contemplados en los contratos o fuera del marco legal establecido.
