La Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso de apelación contra el decreto probatorio emitido por la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia.
El recurso busca impugnar la decisión de mantener como evidencia las interceptaciones telefónicas entre el exsenador Álvaro Uribe Vélez y su entonces abogado Diego Cadena.
El caso se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia autorizó interceptaciones telefónicas por aproximadamente un mes, originalmente dirigidas a otras personas.
Durante este período, se registraron 28 conversaciones entre el expresidente Uribe y quien fungía como su abogado defensor en ese momento, Diego Cadena, en el marco de una investigación por presunta manipulación de testigos.
El procurador Bladimir Cuadro argumenta que la inclusión de estas interceptaciones como material probatorio constituye una violación a las garantías procesales fundamentales, específicamente en lo que respecta a la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente. Las 28 interceptaciones en cuestión documentan conversaciones sostenidas durante el período en que Cadena ejercía como defensor legal de Uribe.
En su solicitud formal ante el Tribunal de Bogotá, el delegado del Ministerio Público ha pedido la revocación de la decisión que permitió incluir estas interceptaciones como evidencia.
La Procuraduría enfatiza la necesidad de excluir este material probatorio para salvaguardar los principios del debido proceso y la relación abogado-cliente, basándose estrictamente en consideraciones legales y procedimentales.
