La Procuraduría General de la Nación inició un juicio disciplinario contra un intendente y un patrullero de la Policía Nacional de Urabá por presuntamente haber establecido acuerdos ilícitos con integrantes del grupo armado organizado conocido como el Clan del Golfo.
Según la investigación del Ministerio Público, el intendente Óscar Eduardo Hernández habría utilizado su cargo para suministrar información sobre la ubicación de las fuerzas del orden y operativos en la zona a cambio de una remuneración económica.
“Hernández, apoyado en su cargo y funciones, inició un acuerdo con miembros del Clan del Golfo, subestructura “Carlos Vásquez”, para entregar periódicamente información sobre la presencia de la fuerza pública en la zona y operativos contra estos”, informó la Procuraduría.
Por otro lado, el patrullero Pablo Alberto Montero Sanjuan, quien se desempeñaba como secretario de la subestación de la Policía en el corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá, Antioquia, también habría participado en estos acuerdos a través del intendente Hernández.
“El patrullero inició un acuerdo a través del intendente Hernández, para no perseguirlos ni ejercer actos que obstaculizaran su actuar delictivo”, se lee en el comunicado de la entidad.
Los hechos habrían ocurrido de manera continua hasta el momento de la captura de ambos uniformados, el pasado 22 de mayo de 2020. Además de la supuesta contraprestación mensual que recibía el patrullero Montero Sanjuan, este también habría solicitado dinero adicional, el cual presuntamente era repartido con el intendente Hernández.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra los dos policías, quienes deberán responder por sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo mientras ejercían sus funciones en el departamento de Policía de Urabá.