La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) un informe detallado sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de los directivos de las cárceles y demás funcionarios que han sido amenazados por grupos criminales.
Esta petición surge en un contexto donde, en los últimos dos años, más de 550 amenazas han sido registradas contra miembros del Inpec, según información proporcionada por el director de la institución, el coronel Daniel Gutiérrez.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, envió una comunicación al director del Inpec requiriendo información sobre las acciones y adquisiciones urgentes que se plantearon tras la declaratoria de emergencia carcelaria en febrero pasado. Esta declaratoria se realizó debido a la crisis de seguridad en los centros penitenciarios. Sarmiento solicitó detalles sobre qué medidas se han concretado y cuáles aún no se han cumplido.
“En atención a las diferentes versiones que hemos conocido a través de medios de comunicación sobre la situación de amenazas y agresiones a integrantes del Inpec, hemos requerido a la Dirección General de dicha entidad con el fin de que informe de manera perentoria sobre las acciones desplegadas a partir de la declaratoria de emergencia carcelaria. El pasado 12 de febrero, y de igual manera que informe las acciones desarrolladas a partir del conocimiento del pasado 9 de mayo de las amenazas en contra del fallecido director del establecimiento de reclusión La Modelo de Bogotá”, explicó Sarmiento.
El director del Inpec, el coronel Gutiérrez, ha reconocido la incapacidad de la institución para salvaguardar la vida de todos sus miembros, indicando que, de las más de 500 amenazas recibidas, solo la mitad están siendo revisadas.
