La Procuraduría General de la Nación dio un plazo de dos días al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que presente un informe detallado sobre las medidas de protección implementadas para salvaguardar la vida y seguridad de los directores de cárceles y demás funcionarios que han recibido amenazas de grupos criminales.
Igualmente, se requirió copias de las solicitudes de protección presentadas ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el fallecido Coronel Élmer Fernández, y otros funcionarios amenazados, así como las respuestas recibidas de dicha entidad.
“Que informe las acciones desarrolladas a partir del conocimiento del pasado 9 de mayo de las amenazas en contra del fallecido director del establecimiento de reclusión La Modelo de Bogotá”, indicó el procurador Delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
Además, el delegado pidió una copia del plan de seguridad trazado en el consejo de seguridad realizado después del asesinato del Coronel Fernández.
Asimismo, El Ministerio Público solicitó información específica sobre las acciones y adquisiciones urgentes que se llevaron a cabo o no tras la declaratoria de emergencia carcelaria emitida en febrero pasado, la cual argumentaba una crisis de seguridad.
Con base en la información recopilada, la Procuraduría evaluará si es pertinente tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios responsables de las presuntas fallas en la protección del personal del INPEC.
Esta solicitud de la Procuraduría busca esclarecer las acciones concretas implementadas por el INPEC para garantizar la seguridad de sus directivos y determinar si existieron omisiones o negligencias que ameriten sanciones disciplinarias.
