La Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia sobre la preocupante situación de seguridad que enfrenta la población del departamento del Cauca, donde el 67 % de los municipios están en alto riesgo.
Según un informe elaborado por la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, durante el primer semestre de 2024, grupos armados ilegales como el ELN, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y Frente Yair Bermúdez perpetraron 123 alteraciones del orden público en la región, equivalente a un promedio de cinco por semana, en su disputa por el control territorial y las rentas ilegales.
El documento señala que entre los acontecimientos más alarmantes se encuentran las amenazas contra el 28% de los personeros del departamento, el reclutamiento de menores para el transporte de artefactos explosivos y el empleo de drones con explosivos que han impactado directamente a la población civil.
Los municipios más afectados son Argelia, Cajibío, Santander de Quilichao, Toribío y Suárez, que concentran el mayor número de eventos de alteración al orden público.
Además, el informe destaca la expansión y posicionamiento de estructuras como la “Dagoberto Ramos”, que tiene presencia en el 31% del departamento, así como un aumento del 14% en las amenazas en esta zona del país durante el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
También persisten prácticas de control social como toques de queda y el uso obligatorio de carnés por parte de las comunidades.
La Procuraduría atribuye esta crisis a la incapacidad del Gobierno Nacional para contener y anticipar la ocurrencia de atentados, incursiones armadas, hostigamientos a estaciones de policía y ataques contra la población civil.
Asimismo, señala que los incumplimientos del cese al fuego por parte de estos grupos ilegales no fueron debidamente verificados ni alertados.
Entre las recomendaciones del Ministerio Público se encuentran la implementación de acciones urgentes y extraordinarias para contrarrestar la situación de riesgo y vulnerabilidad de las comunidades, exigir a los grupos armados ilegales garantías efectivas para el respeto por la vida e integridad de las personas y bienes protegidos por la ley y el Derecho Internacional Humanitario.
