Nacional. La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria y suspendió de manera provisional a varios miembros del Ejército, incluyendo un Teniente, un Sargento Viceprimero, un Cabo Segundo y ocho soldados profesionales, pertenecientes al Batallón No. 33 “Junín”, por su presunta responsabilidad en actos de violencia contra la comunidad de la vereda El Manso, en Tierralta.
La investigación de la Procuraduría se centra en las graves violaciones del derecho internacional humanitario, en las cuales se acusa a los militares de amenazar, intimidar y maltratar a la población civil, incluyendo campesinos e indígenas de la etnia Emberá. Estos actos de violencia se llevaron a cabo sin que los militares se identificaran como miembros de la institución y sin utilizar el uniforme reglamentario. Los incidentes también involucraron la presencia de niños, niñas, adolescentes y una madre con su bebé en brazos.
Además de las medidas tomadas por la Procuraduría, se han solicitado nuevas pruebas, como los antecedentes disciplinarios de los implicados, una certificación sobre si el pelotón al que pertenecían realizaba operaciones encubiertas y si contaban con autorización para el uso de estratagemas militares de este tipo y para operar sin uniforme reglamentario.
La investigación de la Procuraduría busca esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los militares en estos actos de violencia contra la población civil.
