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Procuraduría abre indagación preliminar por atrasos en la Vía la Prosperidad

Según el Ministerio Público, el proyecto de la Vía a la Prosperidad, luego de 35 meses de haberse iniciado su fase constructiva, reporta un avance del 38% habiéndose desembolsado recursos equivalentes al 52% del presupuesto asignado, incluyendo un pago anticipado por más de sesenta y...


Según el Ministerio Público, el proyecto de la Vía a la Prosperidad, luego de 35 meses de haberse iniciado su fase constructiva, reporta un avance del 38% habiéndose desembolsado recursos equivalentes al 52% del presupuesto asignado, incluyendo un pago anticipado por más de sesenta y cuatro mil millones de pesos ($64.801.526.813,55), equivalente al 15% del valor total del contrato.

Para la Procuraduría, llama la atención que aunque el contrato nro. 617 de 2013 celebrado entre la Gobernación del Magdalena y el Consorcio Ribera Este, con el objeto de realizar la construcción de vía que conecte a los municipios de Palermo, Sitionuevo, Remolino y Guaimaro, termina el próximo 7 de noviembre, a la fecha la administración del departamento del Magdalena no ha tomado las acciones contractuales correctivas y efectivas para llevar a feliz término la ejecución de la obra.

Según el Ministerio Público, no ha sido posible constatar que la Gobernación del Magdalena haya atendido con diligencia las numerosas observaciones hechas durante la ejecución del contrato por parte del Instituto Nacional de Vías y el Departamento Nacional de Planeación, vinculados a la ejecución de la obra por el compromiso de recursos de la Nación, mediante el Convenio de Cooperación nro. 649 de 2013 suscrito con la Gobernación.

De igual forma, se encontró una aparente falta de diligencia respecto de la solicitud del 09 de diciembre de 2016, hecha por el interventor de la obra (Consorcio ICI) en la cual solicita imponer multa al contratista (Consorcio Ribera Este) por el probable “incumplimiento del programa de inversiones del Contrato de obra nro. 617 de 2013 de la Gobernación del Magdalena”.

Por estas razones, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, al cierre de la función preventiva, dio traslado para que se investigue la posible comisión de faltas disciplinarias en relación con la ejecución del citado contrato por parte de la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga y otros funcionarios de la administración del Magdalena, entidades del orden nacional y los particulares que pudieron comprometer su responsabilidad.



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