La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Ricardo Racero Mayorca. Las investigaciones se centran en la presunta solicitud de dinero a personas que formaron parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Según el comunicado oficial de la Procuraduría, “la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información publicada en medios de comunicación, el parlamentario habría pedido a una de sus asesoras parte de los ingresos que devengaba en su momento”.
Adicionalmente, se indica que Racero “al parecer impartió órdenes a otro de sus subalternos, que igualmente hacía parte de su UTL, para que se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras, negocio particular del cual era propietario”.
La Procuraduría busca determinar si los hechos denunciados constituyen una falta disciplinaria y si el congresista actuó amparado por alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Vale la pena mencionar que el mismo representante Racero solicitó el pasado 29 de septiembre ser investigado por la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, tras las acusaciones publicadas en una columna del periodista Daniel Coronell en la revista Cambio.
Las denuncias sugieren una posible relación económica irregular entre Racero y una de sus asesoras, Estefanía Montoya, así como la presunta asignación de otro miembro de su UTL, Leonardo García, a labores en un negocio privado de frutas y verduras propiedad del representante durante la pandemia.
Por su parte, Racero ha negado categóricamente las acusaciones y ha manifestado su intención de cooperar plenamente con las autoridades para esclarecer los señalamientos.
