Privados de libertad en las URI se quedarán sin alimentación a partir del 31 de julio

El documento revela que alrededor de 17.500 personas se verán afectadas por la suspensión del suministro de alimentos en los Centros de Detención Transitoria.
1 año atrás

Nacional.  Miles de personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) quedarán sin alimentación a partir del próximo 31 de julio, según un informe especial de advertencia presentado por la Defensoría del Pueblo.

El documento revela que alrededor de 17.500 personas se verán afectadas por la suspensión del suministro de alimentos en los Centros de Detención Transitoria.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) dejará de entregar alimentos en estos centros debido a que el contrato actual expira en la mencionada fecha. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones y le solicitó al Ministerio de Justicia convocar de manera inmediata una mesa de alto nivel para implementar un plan de contingencia que evite una emergencia sin precedentes.

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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó la gravedad de la situación, señalando que no solo se estarían vulnerando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que también existe un alto riesgo de que se afecte el orden público debido a posibles disturbios relacionados con la falta de alimentación.

El informe revela que actualmente hay 22.659 personas privadas de la libertad en Centros de Detención Transitoria en todo el país, de las cuales el 75% depende de la USPEC para recibir alimentación, a pesar de que esta responsabilidad recae legalmente en los municipios y departamentos.

El problema se agrava debido al hacinamiento en estos centros, que alcanza un alarmante 124%, lo que resulta en múltiples violaciones a los derechos humanos. Según datos de la Policía Nacional, 1.534 personas privadas de la libertad se encuentran condenadas y 21.125 están en calidad de imputadas.

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La Defensoría también ha solicitado a las alcaldías y gobernaciones que tomen acciones para garantizar la prestación del servicio de alimentación a las personas sindicadas que se encuentran en Centros de Detención Transitoria. Asimismo, se espera que la USPEC coordine con las entidades territoriales para evitar una afectación generalizada.