Por acaparamiento de medicamentos, Minsalud presentó denuncia penal contra Audifarma

Superintendencia de Salud descubre fármacos de alta demanda retenidos en depósitos sin distribuir a pacientes.
4 días atrás

El Ministerio de Salud interpuso una denuncia penal contra los directivos y el representante legal de Audifarma, gestora farmacéutica de Nueva EPS, por presunto acaparamiento de medicamentos esenciales. La acción legal busca establecer responsabilidades penales tras una auditoría realizada el 21 de marzo.

La Superintendencia Nacional de Salud, durante su inspección, encontró diversos medicamentos almacenados en depósitos de la empresa “sin intención de ser distribuidos o entregados a los pacientes”, según consta en el documento presentado ante autoridades judiciales.

“La retención de los medicamentos hallados genera un grave impacto a la salud pública, pues son tratamientos indispensables para enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemias, convulsiones y trastornos endocrinos”, señala el Ministerio en su denuncia.

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Las autoridades sanitarias afirman que Audifarma retuvo productos de primera necesidad con el aparente propósito de crear una escasez artificial, provocando alarma entre los usuarios del sistema de salud colombiano.

La denuncia destaca que esta práctica afecta a todos los sectores de la población y califica la situación como de “especial gravedad” debido al “impacto desproporcionado generado precisamente por ese acaparamiento que impide el acceso a bienes esenciales”.

La cartera de Salud solicitó mediante comunicación oficial iniciar la investigación penal contra la gestora farmacéutica para determinar grados de autoría, responsabilidad y participación en el presunto delito.

El caso ocurre en medio de crecientes preocupaciones sobre el acceso a medicamentos en el país y la transparencia en los procesos de distribución de fármacos dentro del sistema de salud nacional.

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La normativa colombiana contempla sanciones para quienes retengan artículos de primera necesidad, especialmente cuando estas prácticas comprometen la salud pública y el bienestar de pacientes que dependen de tratamientos continuos para enfermedades crónicas.