La controversia entre el presidente Gustavo Petro y la EPS Coosalud se intensificó luego de que la junta directiva de la entidad solicitara al mandatario retractarse de sus declaraciones en las que los acusó de permitir un “supuesto robo” de más de 200.000 millones de pesos. La Superintendencia de Salud había informado previamente sobre estas irregularidades.
Los miembros de la junta aseguraron que las afirmaciones de Petro carecían de sustento y exigieron una rectificación, además de cuestionar la denuncia presentada por la Superintendencia. Sin embargo, el presidente fue enfático en su respuesta: “No tengo nada de qué retractarme. Las irregularidades en la EPS Coosalud deben investigarse penalmente”.
Petro detalló que un banco tomó 221.000 millones de pesos del erario, destinados a la salud de los afiliados de Coosalud, los cuales habrían sido puestos irregularmente como fianza por el gerente de la EPS. Además, señaló que este mismo gerente se habría llevado los dineros del préstamo bancario a través de su empresa particular.
El presidente instó a la junta directiva de Coosalud a reponer los fondos públicos perdidos, pero advirtió que, de no hacerlo, será la justicia penal la encargada de determinar la inocencia o culpabilidad de sus miembros, sin importar si tienen vínculos familiares con ex altos funcionarios del gobierno.
“La ley no es para los de ruana”, enfatizó Petro, anunciando que solicitará que el Estado sea considerado víctima en el proceso penal y que la Agencia Jurídica del Estado asuma la defensa del interés de los afiliados a Coosalud y del interés público.
Se espera que en los próximos días se presenten formalmente las denuncias penales y se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este presunto caso de corrupción que afecta a miles de afiliados y compromete importantes recursos públicos.
