El presidente Gustavo Petro reavivó el debate al firmar la resolución 244 el pasado 14 de agosto, en la que nombra al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como ‘Gestor de paz’.
Esta decisión, que también busca la suspensión de las medidas judiciales en su contra según el Decreto 1175 de 2016, ha generado un profundo debate en el país y ha levantado críticas y controversias.
La resolución firmada por el Jefe de Estado tiene como propósito principal consolidar la política de ‘Paz total’. Mancuso, exjefe paramilitar, se le ha otorgado la responsabilidad de desempeñar un papel esencial en el diseño de procesos de desarme colectivo de grupos ilegales operantes en distintas zonas de Colombia.
No obstante, esta designación no ha estado exenta de polémica. Mancuso deberá asistir personalmente a las diligencias judiciales en Colombia y presentar informes sobre sus actividades como ‘Gestor de paz’ ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El Gobierno Colombiano había anunciado que solicitaría la extradición de Mancuso ante la justicia estadounidense.
Esta controversia ha dividido a la opinión pública. Mientras algunos consideran que la experiencia de Mancuso podría contribuir a la construcción de la paz en Colombia, otros plantean inquietudes sobre la reconciliación y la justicia al vincular a un exjefe paramilitar a un rol oficial relacionado con la paz.
