En un país donde el ejercicio del periodismo ha sido históricamente arriesgado, la Unidad Nacional de Protección (UNP) cumple una función crucial en la salvaguarda de la vida de quienes han sido amenazados en el ejercicio de su labor.
Un reciente informe de esta entidad, con corte a noviembre de 2023, revela un panorama complejo y preocupante sobre la situación de los comunicadores en Colombia.
Actualmente, 162 periodistas se encuentran bajo el amparo del Programa de Prevención y Protección de la UNP. Esta cifra, aunque significativa, representa una disminución respecto a años anteriores. En 2018, por ejemplo, la cifra alcanzaba los 180 periodistas protegidos, evidenciando una tendencia decreciente que podría interpretarse de diversas maneras.
Chalecos antibalas y escoltas: El uniforme del periodismo en riesgo
De los 162 periodistas bajo protección, 112 cuentan con medidas de seguridad consideradas “duras”, mientras que 50 reciben medidas “blandas”.
Esta distinción sugiere una gradación en los niveles de riesgo percibidos por las autoridades, destacando la complejidad de las amenazas que enfrentan los profesionales de la información en el territorio nacional.
El desglose de las medidas de protección otorgadas es revelador: 62 medios de comunicación, 140 chalecos antibalas, 63 botones de apoyo, 230 personas de protección, 37 vehículos convencionales y 47 blindados.
Estas cifras no solo ilustran la diversidad de recursos empleados para garantizar la seguridad de los periodistas, sino que también enfatizan la magnitud del desafío que representa proteger a quienes se dedican a informar en un contexto de conflicto y violencia persistente.
Bogotá y Arauca: Donde las plumas pesan más
La distribución geográfica de los periodistas protegidos ofrece una radiografía de las zonas más críticas para el ejercicio periodístico en Colombia. Bogotá, Arauca, Valle del Cauca y Antioquia encabezan la lista de lugares donde se concentra la mayor cantidad de comunicadores bajo protección. Esta distribución coincide con regiones históricamente afectadas por el conflicto armado, la presencia de grupos al margen de la ley y altos índices de violencia, desmostrando la estrecha relación entre el contexto sociopolítico y los riesgos asociados al periodismo.
Un aspecto particularmente alarmante es la disparidad de género en las medidas de protección: 132 hombres frente a 34 mujeres.
Esta brecha significativa plantea interrogantes sobre las dinámicas de género en el periodismo colombiano y la posible subrepresentación de las mujeres en roles de alto riesgo dentro de la profesión, o bien, una subestimación de los peligros que enfrentan las periodistas mujeres.
La paradoja de la seguridad: Menos protegidos, ¿más seguros?
La tendencia decreciente en el número de periodistas protegidos desde 2018 merece un análisis cuidadoso. En 2020, la cifra se situaba en 176, reduciéndose a 171 en 2021 y 2022, hasta llegar a los 162 actuales.
Esta disminución podría interpretarse de múltiples formas: desde una mejora en las condiciones generales de seguridad para los periodistas, hasta una posible reducción en la capacidad o voluntad de solicitar protección por parte de los comunicadores en riesgo.
Contrastando estos datos con el informe sobre vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas, se observa una disonancia preocupante.
Mientras que las cifras de protección disminuyen, las percepciones de riesgo y las experiencias de vulneración reportadas por los periodistas parecen incrementarse. Según este último informe, el 44,4% de los periodistas encuestados reportó haber sufrido algún tipo de vulneración durante el ejercicio de su labor.
Las amenazas provenientes de grupos armados ilegales (28,5%) y narcotraficantes (11,9%) siguen siendo prominentes, lo que demuestra la persistencia de actores violentos que buscan silenciar la labor periodística.
Este dato se alinea con la distribución geográfica de los periodistas protegidos por la UNP, reforzando la idea de que el conflicto armado y el crimen organizado continúan siendo las principales fuentes de riesgo para los comunicadores en Colombia.
La situación económica y laboral de los periodistas, como se destaca en el informe de vulneraciones, añade una capa adicional de precariedad al ejercicio de la profesión.
Con cerca del 60% de los periodistas encuestados ganando entre menos de un salario mínimo y dos millones de pesos, se evidencia una vulnerabilidad económica que puede exacerbar los riesgos de seguridad y limitar la capacidad de los periodistas para ejercer su labor de manera independiente y segura.
El panorama que se dibuja a partir de estos informes es el de una profesión asediada por múltiples frentes: desde la violencia directa hasta la precariedad económica, pasando por presiones políticas y la autocensura.
La reducción en el número de periodistas protegidos por la UNP, lejos de ser necesariamente un indicador positivo, podría ser sintomática de un problema más profundo: la normalización del riesgo o la desconfianza en los mecanismos institucionales de protección.
Mientras Colombia avanza en su proceso de construcción de paz y fortalecimiento democrático, la protección efectiva de los periodistas se erige como un imperativo ineludible.
Los esfuerzos de la UNP, aunque significativos, parecen insuficientes ante la magnitud y complejidad de los desafíos que enfrenta el gremio periodístico. Se hace evidente la necesidad de un enfoque integral que no solo aborde la seguridad física de los comunicadores, sino que también garantice condiciones laborales dignas y un entorno propicio para el ejercicio libre y seguro del periodismo en todas las regiones del país.
