El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, calificó como un ataque sistemático contra la población civil de estigmatización y de persecución las recientes actividades desplegadas por las autoridades de Venezuela contra las personas que viven en la zona de frontera, hechos que, de continuar, podrían ser calificados como de lesa humanidad y de competencia de la Corte Penal Internacional.
En ese sentido, le pidió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que denuncie ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las violaciones a los derechos humanos de los colombianos en la zona de frontera por parte del Gobierno venezolano, así como que denuncie la situación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ordóñez pidió igualmente al Presidente que exija al “gobierno venezolano el desmonte inmediato de su política de ataque sistemático contra los derechos humanos de la población colombiana en la frontera y en cualquier otro lugar de su territorio. El problema no se resuelve simplemente reabriendo la frontera, sino desmontando definitivamente esa política arbitraria contra los colombianos”, dijo.
De acuerdo con Ordóñez, a dicha población de frontera se le somete a desplazamiento forzoso, se les segrega, criminaliza, estigmatiza y somete a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El Procurador dijo que los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento, que se desconoce la libertad de locomoción, que son demolidas sus casas y que las autoridades ingresan a estas de manera permanente y sin orden judicial, como parte de una práctica de constante hostigamiento.
“Se denuncian casos de abuso sexual contra mujeres colombianas. También de tortura con ataques a la integridad física y al crear un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana”, dijo Ordóñez al agregar que se estaría concentrando arbitrariamente a la población colombiana en determinados sitios en Venezuela y se estaría separando a padres de sus hijos nacidos en ese país.
“En lo que es una prueba de política de xenofobia se marcan las casas donde habitan familias colombianas. ¡Indignante!”, dijo Ordóñez al rechazar de manera enfática estas prácticas.
“Las denuncias mencionadas observan las características descritas en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuanto representan una persecución a un grupo o colectividad con identidad propia, en este caso, la nacionalidad colombiana, y a que comprenden actos de deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, abusos sexuales, desaparición forzada de personas y actos inhumanos que causan intencionalmente sufrimiento y atentan contra la integridad de las personas”, dijo.
En ese sentido, el Procurador anunció que elaborará un informe detallado con destino a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para lo de sus competencias.
Finalmente, la Procuraduría anunció que se activó a partir de este momento las Procuradurías Regional y Provincial en sus sedes en Cúcuta, como centro de atención de denuncias y anunció que visitará la zona en los próximos días para escuchar a los afectados y articular con las autoridades locales, regionales y nacionales lo que sea necesario.
“La Procuraduría exhorta al Gobierno Nacional a que despliegue todos los esfuerzos necesarios para atender, con eficiencia y prontitud, la crisis humanitaria producida con la deportación y el desplazamiento forzoso de colombianos, al igual que invoca la solidaridad de la ciudadanía para atender la emergencia. Es el momento de cerrar filas en torno a nuestros compatriotas afectados en la zona de frontera”, señaló.
