En medio de fuertes controversias, la reforma pensional por el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar ha desatado un intenso debate político y jurídico en Colombia.
La oposición, encabezada por el senador Miguel Uribe y respaldada por Cambio Radical, ha anunciado la preparación de una demanda ante la Corte Constitucional para derogar esta normativa, alegando múltiples irregularidades en su trámite legislativo.
La reforma, diseñada para transformar el régimen pensional del país, ha sido duramente criticada por la oposición. Según el senador Miguel Uribe, representa un retroceso en los derechos de los colombianos y calificó su aprobación como una “imposición arbitraria y déspota por parte del Gobierno”. Además, señaló que la normativa no resuelve los problemas estructurales del sistema pensional y solo busca asegurar recursos para el Gobierno actual.
Uno de los principales puntos de discordia es el proceso legislativo seguido para la aprobación de la reforma. Los críticos argumentan que se vulneraron principios constitucionales como el bicameralismo, al acoger un texto final diferente al originalmente propuesto en la Cámara de Representantes.
Según el senador Carlos Motoa de Cambio Radical, esto condujo a la aprobación de una iniciativa que no reflejaba las discusiones ni las necesidades reales del sistema pensional colombiano.
La demanda que se prepara ante la Corte Constitucional busca que se suspendan los efectos de la nueva ley pensional hasta tanto se emita un fallo de fondo sobre su constitucionalidad. Esta acción legal podría marcar un precedente significativo en el ámbito jurídico y político del país, afectando directamente la implementación de una reforma considerada crucial por el Gobierno de Petro.