En una reciente auditoría de la Contraloría General de la República al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se han destapado dos graves situaciones que ponen en tela de juicio la gestión de recursos públicos destinados al bienestar de la niñez colombiana.
Por un lado, se descubrió que dos obras del ICBF en Ibagué, correspondientes a los hogares infantiles Payasito y Copetín, se encuentran en estado de abandono. Estas construcciones, que recibieron pagos por $705 millones más una compensación de $43 millones, solo alcanzaron un avance del 26.07% antes de ser abandonadas. La visita realizada en abril de 2024 confirmó que los inmuebles no cumplen con el objeto del contrato y, además, continúan generando gastos en servicios públicos y vigilancia.
Paralelamente, la auditoría reveló un hallazgo fiscal de $2.202 millones correspondiente a recursos entregados a operadores de contratos de aportes que no fueron ejecutados ni reintegrados. Este hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria, lo que podría derivar en sanciones para los responsables.
Estos casos no solo representan un detrimento patrimonial significativo, sino que también evidencian fallos en los mecanismos de supervisión y control del ICBF. La Contraloría anunció que iniciará una indagación preliminar sobre las obras abandonadas y continuará investigando el destino de los recursos no ejecutados.