La deuda pública colombiana alcanza 171 billones de pesos, según informó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. El mandatario señaló que su administración debe adquirir nuevos créditos únicamente para cubrir obligaciones financieras previas, situación que atribuye al gobierno anterior de Iván Duque y a las altas tasas de interés fijadas por el Banco de la República.
El actual gobierno enfrenta tres factores que impactan el presupuesto nacional: el pago del subsidio a la gasolina, la reforma tributaria recortada en sus aspectos progresivos y el uso acelerado de anticipos de impuestos en 2023. Esta combinación presiona las finanzas públicas y obligó a reducir la inversión estatal en 2024.
EL presidente señaló que como solución, el ejecutivo propuso una ley de financiamiento que incluía reducciones al impuesto de renta empresarial, aumentos en la sobretasa para sectores petrolero y carbonífero, y eliminación del IVA en turismo, energías limpias y transporte eléctrico. Sin embargo, el Congreso rechazó esta iniciativa.
Petro afirmó que mantienen estable el endeudamiento externo mientras intentan minimizar el impacto en la población vulnerable. La ley rechazada también contemplaba convertir en deuda pública los saldos de usuarios de energía bajo la “opción preferencial”, mecanismo para reducir tarifas eléctricas. Ahora, tras modificar la fórmula tarifaria, empresas del sector amenazan con demandas ante el Consejo de Estado.
El fracaso legislativo, según el presidente Gustavo Petro, responde a intereses de grupos empresariales de juegos de azar y al liderazgo de congresistas como Efraín Cepeda, Germán Vargas Lleras y la familia Char, quienes según él, votaron contra las medidas propuestas para estabilizar las finanzas públicas y el sistema eléctrico nacional.