El reciente anuncio del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), creado por el Gobierno de Gustavo Petro para supervisar el mejoramiento y conservación de las vías terciarias en el país, desató polémica por su modalidad de contratación directa con organizaciones sociales y colectivos locales.
El decreto presentado otorga al Invir poderes que podrían desencadenar contrataciones preferenciales con estas organizaciones, generando inquietudes por posibles decisiones “a dedo”. El documento también establece la cooperación con entidades oficiales, semioficiales o privadas en el desarrollo de sus funciones.
María Constanza García, viceministra de transporte, defendió la creación del Invir señalando que, el 90% de la red terciaria del país se encuentra en estado de abandono. Explicó que, la entidad intervendrá en unas 33 mil vías para mejorar la infraestructura, principalmente en municipios tipo 6.
En referencia a la contratación directa, García aseguró que se realizará con enfoque en la transparencia. El Invir contará con un oficial de cumplimiento designado por el presidente, con la responsabilidad de garantizar prácticas contractuales idóneas. Destacó la presencia de entes de control como la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para supervisar el proceso.
En cuanto a las críticas sobre la politización potencial de la entidad, la viceministra aseguró que las normas establecidas, junto con las facultades de las entidades de control, brindarán el respaldo necesario para garantizar la adecuada aplicación de las leyes y sancionar a quienes no las acaten.
