El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que la solicitud de aclaraciones a la Corte Constitucional sobre el Auto que ordena la creación de un mecanismo de reajuste para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024 y 2025, no busca retrasar su cumplimiento, sino precisar aspectos clave para su implementación.
“Nosotros hemos pedido se aclaren unos puntos muy importantes”, señaló Jaramillo, explicando que la orden del alto tribunal plantea dudas sobre la convocatoria a las EPS e IPS en el proceso de revisión.
Según el ministro, esto implicaría coordinar con 926 IPS públicas y más de 11.000 IPS privadas, lo que haría inviable una discusión efectiva sin una metodología clara.
El jefe de la cartera de salud insistió en que la solicitud de precisiones no busca dilatar el proceso. “De ninguna manera para dilatar, es solamente para que podamos saber exactamente, porque la UPC tiene que tener un estudio técnico”, sostuvo.
Además, subrayó que la UPC representa casi una quinta parte del presupuesto del sistema de salud y que cualquier cambio en su cálculo debe realizarse con un análisis riguroso.
“Esto no es un estadio público donde se van a reunir más de 10.000 o 12.000 personas a decidir y ponerse de acuerdo sobre la UPC. Entendamos que la UPC representa casi una quinta parte del presupuesto, eso tiene que ser un estudio riguroso”, indicó.
El Ministerio de Salud había fijado el incremento de la UPC en 5,36% para 2025, basado en la inflación causada en 2024 y la actualización de servicios incluidos en el plan de beneficios.
Sin embargo, el Auto 007 del 23 de enero de 2025 ordenó revisar el ajuste y establecer un mecanismo para su eventual modificación.
