En medio de la controversia suscitada por recientes nombramientos, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha solicitado al Consejo de Estado mantener vigente el decreto que regula la figura de los gestores de paz. Esta petición se da en un contexto de debate nacional sobre la efectividad y pertinencia de dicha figura en el proceso de pacificación del país.
Buitrago argumenta que los gestores de paz desempeñan un papel crucial en la comprensión de las dinámicas del conflicto colombiano. La ministra establece un paralelo entre esta figura y los jueces de paz, una institución arraigada en la tradición jurídica colombiana desde la Constitución de 1991, destacando su capacidad para aplicar criterios de racionalidad y entendimiento social en situaciones complejas.
Según la funcionaria, los gestores de paz tienen la responsabilidad de tender puentes con poblaciones afectadas por la violencia, ofreciendo alternativas al conflicto. Esta iniciativa forma parte de la política de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Un caso emblemático de esta figura es Salvatore Mancuso, nombrado gestor de paz con la misión de establecer diálogos con diversos sectores involucrados en el conflicto colombiano.
La ministra enfatiza que los gestores, por su conocimiento directo de las realidades del conflicto, pueden contribuir significativamente a los esfuerzos de pacificación. “Cada gestor representa un individuo más comprometido con la paz”, afirma Buitrago.
Sin embargo, la polémica persiste, especialmente tras el nombramiento de alias “Pichi” como gestor de paz, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios de selección y la efectividad real de esta figura en el complejo panorama del conflicto colombiano.
