El sacrificio de ganado en espacios inadecuados parece una historia sin final en Colombia. Desde patios de casas hasta plantas cerradas por no contar con la reglamentación sanitaria adecuada, sirven a los matarifes que se dedican a delinquir sin tener en cuenta la sanidad del producto que comercializan, la salud de los consumidores, el estatus sanitario del país o la seguridad alimenticia.
De acuerdo con un informe realizado por el área de Auditoría Interna de Recaudo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán-FNG, en promedio al mes se están sacrificando en el país 50 mil 719 reses, de las cuales 12 mil 24 son inmoladas de manera ilegal.
Edna Carolina Hernández Tiusabá, coordinadora del área, explica que por cuenta del sacrificio clandestino que se realiza en las todas las regiones del país, el Fondo Nacional del Ganado pierde unos $177 millones al mes.
“El Fondo ha venido haciendo denuncias porque, pese a que tenemos la cuantificación de las pérdidas, no ha habido manera de que logremos recuperar esos recursos. Además, la cifra corresponde solo a cálculos hechos a partir de lugares que ya han sido identificados como ilegales, pero hay muchos más que permanecen en la clandestinidad”, agrega Hernández Tiusabá.
Casos puntuales de denuncia
Aunque son incontables las denuncias que ganaderos, comités y gremios han hecho al respecto, las acciones desarrolladas por parte de las entidades del Gobierno Nacional son débiles y escasas para frenar este flagelo.
Por ejemplo, Jairo Vásquez Peña, administrador de la planta de beneficio del municipio de Sabanalarga, en Atlántico, asegura que a 20 kilómetros de la ubicación de su matadero, existen lugares dedicados al sacrificio clandestino.
“En los municipios de Manatí, Candelaria y Ponedera hay sacrificio de ganado sin normas legales y lo peor del caso es que nadie dice nada. Aunque nosotros y más ganaderos hemos hecho denuncias ante las Alcaldías y la Secretarias de Salud, las acciones por frenar este delito no se ven”, acota Vásquez Peña.
Asimismo, el administrador de la planta en Sabanalarga informa que a pesar de haber puesto denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República e incluso después de haberle presentado los casos puntuales al general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, el flagelo continúa campante.
“Los expendidos en los cascos urbanos están comercializando esa carne sin que nadie diga nada. Ni la Policía, ni los alcaldes, ni nadie hacen algo frente a este tema. En este país hace falta política de verdad para querer acabar con el sacrificio clandestino”, señala Jairo Vásquez.
Otro caso puntual lo denuncia Ricardo Hernández Vásquez, gerente general de la planta de beneficio animal de Villanueva, en La Guajira, quien testifica que en los municipios de Codazzi, San Diego, La Paz, La Jagua de Ibirico, Urumita, El Molino, San Juan, Distracción, Barrancas y Hatonuevo, realizan acciones de sacrificio clandestino.
“Aunque en todas esas regiones los mataderos que algún momento atendieron la demanda municipal fueron clausurados hace 4 o 5 años, el sacrificio se sigue efectuando de manera ilegal en predios rurales”, apunta Hernández Vásquez.
De acuerdo con el gerente de la planta de beneficio, lo más delicado del asunto recae en la anuencia de las autoridades municipales que conocen de la existencia del fenómeno y no realizan acciones puntuales para combatirlo
“La acción por parte de la Policía Nacional en la región, es absolutamente complaciente con la actividad ilegal. El sacrifico ilegal, que representa cerca del 85% del ganado faenado, sigue siendo campante en esta zona del país”, asevera Ricardo Hernández.
De igual forma, el gerente general de la planta de beneficio animal del municipio de Villanueva explica que ha realizado denuncias ante diferentes entidades en la región, pero en todos los casos las acciones se quedan en el papel.
“Con todo los perjuicios que trae el sacrificio clandestino en materia de salud pública, de medio ambiente, de afectaciones a fuentes hídricas, de estímulo al abigeato, la Policía, la Procuraduría y los demás entes de control no han dado respuesta clara y efectiva”, concluye Ricardo Hernández Vásquez.
