Más de 11.000 colombianos se han visto afectados por la actual crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, aseguró en las últimas horas, la Organización de Naciones Unidas (ONU), precisando que entre los damnificados hay cientos de deportados y otros miles que han huído por miedo a ser expulsados.
“Cerca de 10.000 personas han retornado desde Venezuela y otras 1.100 han sido deportadas” en el marco de la crisis bilateral, dijo el organismo en un comunicado, luego de que una misión humanitaria de la ONU recorriera varios albergues en el departamento colombiano de Norte de Santander, adonde han llegado la mayoría de los afectados.
“Nos preocupa enormemente que hasta 1.500 personas están cruzando la frontera a diario (…) Algunas de esas personas fueron obligados a abandonarlo todo”, dijo Fabrizio Hochschild, coordinador residente de la ONU en Colombia, citado en el texto.
Según el organismo, aunque el problema se centra en Norte de Santander y en los también fronterizos departamentos de Arauca (este) y La Guajira (norte), se han presentado igualmente casos de colombianos que han cruzado la frontera por temor o porque fueron deportados.
La crisis fronteriza comenzó hace casi dos semanas, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre de pasos fronterizos y decretó un estado de excepción en varios municipios limítrofes.
La decisión fue tomada tras un ataque a militares venezolanos, ocurrido días atrás en medio de una operación anticontrabando en el estado venezolano de Táchira, que el mandatario atribuyó a “paramilitares colombianos”.
Este lunes, el representante de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), Stephan Jaquemet, quien también participó en la misión a la frontera colombiana, aseguró a su vez que recibieron denuncias “sobre refugiados y solicitantes de asilo quienes pese a su estatus habrían sido obligados a regresar a Colombia”. Eso, dijo Jaquemet, “de ser comprobado, constituiría una violación del derecho internacional del refugiado”.
La crisis bilateral se profundizó el pasado jueves, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos a los damnificados. Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros, en la que ambos denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.
