Se trata de la llamada opción tarifaria, la billonaria deuda adquirida en pandemia tras congelarse las tarifas de servicios públicos y que el Gobierno Petro se comprometió a asumir para los estratos 1,2 y 3.
Afinia, una de las dos empresas distribuidoras de energía en el Caribe colombiano, dijo estar a la espera de acciones concretas por parte del Gobierno Nacional para implementar la opción tarifaria prometida por el presidente Gustavo Petro; sin embargo, se observa con preocupación que aún no se ha presentado la ley de financiamiento para la misma y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tampoco tiene lista la regulación.
John Jairo Granada Giraldo, gerente general de Afinia explicó que la opción tarifaria, una medida que podría reducir significativamente el costo de la energía para los usuarios, puntualmente en $86.
“El presidente Petro dijo que el Gobierno Nacional iba a pagar la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3. Pero esa ley no la han presentado todavía y la regulación no ha salido”, afirmó el ejecutivo.
Según el gerente, para que la opción tarifaria se haga efectiva, se requieren dos acciones fundamentales del gobierno: la presentación y aprobación de una ley de presupuesto que asigne los recursos necesarios, y la emisión de una regulación específica por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La implementación de esta medida podría representar un alivio considerable para los usuarios del Caribe, reduciendo el costo del kilovatio hora en aproximadamente 86 pesos. Esta disminución beneficiaría principalmente a los estratos 1, 2 y 3, que constituyen el 91% de los clientes de Afinia en la región.
Granada destacó que la empresa está preparada para aplicar la opción tarifaria tan pronto como el gobierno proporcione el marco legal y regulatorio necesario. Sin embargo, advirtió que el costo estimado de esta medida para el gobierno superaría los 3 billones de pesos, lo que podría explicar la demora en su implementación.
El ejecutivo enfatizó que Afinia no tiene la facultad de aplicar unilateralmente la opción tarifaria, ya que depende enteramente de las decisiones y recursos del gobierno nacional.
