EFE. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a Colombia a investigar el asesinato del defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza Salcedo, y mostró su inquietud por la “persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos” a activistas en todo el país suramericano.
En un comunicado, la CIDH condenó el asesinato en Bogotá de Pedraza, dirigente del movimiento Congreso de los Pueblos, cuyo cadáver fue hallado este 21 de enero, en un caso que fue denunciado por la guerrilla de las FARC desde Cuba.
“La información disponible indica que el defensor, que estaba desaparecido desde el 19 de enero, era integrante del Proyecto Colombia Nunca Más, y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)”, entre otros colectivos, dijo la CIDH.
“La CIDH recuerda que es obligación del Estado conducir una investigación oportuna, de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió la muerte de Carlos Alberto Pedraza Salcedo y, de ser el caso, identificar y sancionar a los responsables”, sostuvo la Comisión.
El organismo llamó además a “investigar las amenazas de las cuales vienen siendo sujetos los y las defensoras de derechos humanos” en Colombia, para “evitar la repetición de las mismas”.
“Dichas investigaciones deben ser emprendidas con debida diligencia de manera exhaustiva, seria e imparcial”, agregó.
En términos generales, la Comisión “ha venido constatando la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia”, con la finalidad de “acallar sus denuncias”.
“La persistencia de estas agresiones, sumado a la falta de avances sustanciales en cuanto al esclarecimiento, investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en contra de defensoras y defensores, constituyen un obstáculo” al “derecho a defender los derechos humanos”, sostuvo.
Eso alimenta “la impunidad” e impide “la plena realización del Estado de Derecho y la democracia”, según la CIDH, que destacó que la prensa que cubre situaciones de conflicto armado “debe ser objeto de protecciones especiales y facilidades por parte del Estado”.
La Comisión afirmó además que, según información que ha recibido, el pasado 11 de enero, “defensores y defensoras de derechos humanos del Atlántico, Sucre, Magdalena y Bolívar recibieron amenazas escritas en sus viviendas y lugares de trabajo, firmadas por el ‘Bloque Norte Costa-Atlántica de las Águilas Negras'”.
Dicho Bloque declaraba “a las y los defensores como objetivo militar”, y entre los amenazados hay beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, según el organismo.
Esos beneficiarios son José Humberto Torres, vicepresidente de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos (FCSPP); Ingrid Vergara, secretaria en Sucre de MOVICE; y Martha Díaz, representante de las víctimas de los falsos positivos.
Además, “la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que 38 personas habrían sido amenazadas el 21 de enero de 2015 mediante un panfleto presuntamente remitido por las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC'”.
(EFE Verde)
