EFE
Colombia es el único país latinoamericano donde se da la mutilación genital femenina, algo desconocido hasta hace poco incluso para muchos varones del pueblo indígena embera, cuyas mujeres realizan esa práctica en un ámbito privado y casi secreto.
Al cumplirse hoy el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) llamó la atención sobre la necesidad de que se dediquen mayores esfuerzos a erradicar unas prácticas que violan los derechos humanos, afectan la salud y ponen en riesgo la vida de unos tres millones de niñas todos los años en el mundo.
Precisamente la muerte de dos niñas indígenas por infecciones derivadas de una mutilación genital en 2007 fue lo que sacó a la luz la práctica de extraer el clítoris a las recién nacidas que se ha mantenido entre los embera, el tercer pueblo indígena más grande de Colombia, con 250.000 miembros repartidos en una área muy extensa.
Lucy Wartenberg, representante adjunta del UNFPA en Colombia, señaló que el país es el único de América Latina del que hay evidencia de que existen practicas similares a las de Oriente Medio y África, aunque recientemente han tenido información, aun sin confirmar, de que también se dan entre los embera de Panamá.
También tienen información de que hay casos de mutilación genital femenina en comunidades de afrodescendientes de la zona del Pacífico, en el oeste de Colombia.
Se desconoce cuándo se empezó a mutilar a las niñas embera y si es una práctica propia de ese pueblo o si la “aprendieron” de los africanos llegados a América como esclavos.
Wartenberg dice que en cualquier caso los embera la consideran parte de su cultura, aunque es “un tema privado que no se ventila”.
“Lo hacen con la convicción de que ayuda a que las mujeres sean más fieles a su marido.Dicen que no quieren que las mujeres sean ‘saltonas’, de hombre en hombre”, señala Wartenberg.
Es algo entre la partera y la madre, de lo que los padres de las niñas y los hombres en general no se suelen enterar, algo que confirma el dirigente embera Alberto Wuazorna, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
En declaraciones a Efe, Wuazorna indicó que él no supo de esa práctica hasta la muerte de las niñas en la localidad de Pueblo Rico, en Risaralda.
Hoy está comprometido con la erradicación, aunque advierte de que es algo que puede llevar 10 o 15 años, pues se trata de acabar con un práctica “de siglos” y hay que hacerlo a través de la educación y la concienciación y no mediante leyes que impongan penas de cárcel a las parteras, como defienden algunos congresistas.
Wuarzona responde con un rotundo “claro” cuando se le pregunta si todavía hay niñas embera a las que se les extirpa el clítoris. La erradicación va a llevar tiempo, “estamos preparándonos para hacer un cambio cultural”, advierte.
Y se le nota disgustado porque cuando se supo del caso de las niñas, algunas organizaciones les acusaron de “salvajes”, dice.
“Nosotros respondemos al país y el mundo que los embera somos los primeros defensores de la vida humana y de no ir contra el derecho”, subraya, al tiempo que reclama fondos para hacer las campañas educativas necesarias para lograr la erradicación de esa práctica.
Desde 2007, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con las instancias competentes del Estado colombiano y el apoyo del UNFPA, ha venido trabajando en conjunto con las autoridades embera, sus mujeres y sus parteras en el departamento de Risaralda.
Esta labor llevó a que en 2012 las autoridades embera de ese departamento declararan públicamente la suspensión de este tipo de prácticas y se comprometieran también a formar a las mujeres para que conozcan sus derechos y los de sus hijas y a las parteras para que renuncien a realizar la práctica, además de fortalecer la medicina tradicional y apoyar el liderazgo femenino.
Pero el UNFPA defiende que hay que hacer algo para que esa decisión se extienda a todas las comunidades embera del país y son necesarios mayores recursos para fortalecer este compromiso.
Según el UNFPA, más de 130 millones de niñas y mujeres de los 29 países de África y Oriente Medio han experimentado alguna forma de mutilación en sus genitales, una práctica que acarrea complicaciones urinarias, menstruales y obstétricas y puede conducir a la muerte.