En un nuevo y polémico proyecto de acto legislativo, el gobierno del presidente Gustavo Petro busca modificar significativamente el papel de la Procuraduría General de la Nación, restringiendo su capacidad para sancionar a funcionarios elegidos por votación popular, incluyendo alcaldes y gobernadores.
El proyecto, que será presentado próximamente al Congreso, plantea una serie de cambios en la Procuraduría y la Contraloría General, especialmente en lo que respecta a destituciones e inhabilidades. Una de las principales enmiendas constitucionales propuestas es que tanto la Procuraduría como la Contraloría no puedan ejercer funciones jurisdiccionales ni limitar los derechos políticos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.
Esta iniciativa surge a raíz de una argumentación del gobierno de Petro, que afirma que la reforma aprobada previamente por el Congreso no cumple con las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionadas con el caso de Gustavo Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Según esta nueva propuesta, la Procuraduría no podría suspender ni destituir a funcionarios electos, y cualquier decisión de este tipo deberá ser revisada por el Consejo de Estado.
El proyecto también busca modificar el artículo 118 de la Constitución Política para eliminar las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría y la Contraloría. Además, se plantea que la función de intervención en procesos judiciales y administrativos sea “excepcional” y no pueda aplicarse en el marco del sistema penal oral acusatorio, lo que limitaría la capacidad de la Procuraduría en procesos penales.
Un aspecto destacado es la propuesta de desvincular a la Procuraduría de los procesos penales y sacarla del Sistema Penal Acusatorio, algo que actualmente está consagrado en la Constitución Política.
Sin embargo, el proyecto aclara que no tendría efectos retroactivos, por lo que los procesos actualmente en curso mantendrían su vigencia. Además, plantea que el presidente de la República tendría facultades extraordinarias para trasladar a funcionarios de la Procuraduría a la rama judicial, como magistrados, fiscales, jueces, entre otros.
Este controvertido proyecto está siendo analizado por el Consejo Superior de Política Criminal, un órgano que reúne a varias autoridades del Estado. Aunque algunos miembros del consejo han expresado su acuerdo con la propuesta, este proyecto seguramente generará un debate acalorado en el Congreso y en la opinión pública en los próximos meses.
