La Corte Constitucional ha dado un mes al Gobierno de Gustavo Petro para entregar un plan de acción completo destinado a abordar la crisis por la muerte de menores en el departamento de La Guajira.
La Sala de Seguimiento de la Corte revisó el Plan de Acción Integrado y Unificado presentado recientemente y emitió reparos, destacando que cuatro de los cinco componentes relacionados con los derechos al agua, la seguridad alimentaria, la información y la salud no están claros.
La crisis humanitaria en La Guajira, inicialmente declarada en 2017 debido a las alarmantes cifras de mortalidad infantil, sigue siendo motivo de preocupación para la Corte Constitucional. En esa época, se vinculó la mortalidad de menores de cinco años con la desnutrición, que alcanzaba el 32,54 % por cada mil niños, superando ampliamente la media nacional.
La Sala de Seguimiento expresó su insatisfacción con el desarrollo de cada derecho en el nuevo plan y enfatizó que el documento debe cumplir con rigurosidad y abordar adecuadamente los derechos a la información, la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la movilidad. La Corte ha emitido instrucciones a varias entidades, incluyendo la Presidencia de la República y varios ministerios, para ajustar el plan de acción.
