El presidente Gustavo Petro ha firmado una resolución nombrando como gestores de paz a cuatro disidentes de las FARC, apenas dos meses después de su captura en circunstancias altamente controversiales.
Jesús Orrego Arango (alias Firu), Wenser Yosony Sabana Duque, María Alejandra Ojeda Londoño (alias Erika) y Diego Armando Vargas Betancourt, quienes fueron detenidos en Antioquia mientras conducían vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) cargados con dinero y armas, han sido designados para “contribuir con su conocimiento y experiencia” en el proceso de paz con el Estado Mayor Central de las FARC-EP.
Esta decisión, que otorga a los ex-capturados un mandato de seis meses como gestores de paz en todo el territorio nacional, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos. El gobierno justifica la medida argumentando que facilitará las “tareas y actividades” necesarias para el proceso de paz, incluyendo la solicitud de suspensión de medidas penales judiciales contra los designados.
La resolución estipula que los nuevos gestores de paz deberán firmar un acta ante el Consejero Comisionado de Paz, comprometiéndose a asistir a diligencias judiciales cuando sean requeridos, elaborar un plan de trabajo y presentar informes mensuales sobre sus actividades.