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Se protegerá por 10 años el patrimonio de vivienda

Las constructoras y vendedores de vivienda tendrán dos años, como plazo máximo, para otorgar los mecanismos de amparo.


Nación. El Gobierno Nacional expidió el decreto 282 de 2019, con el que busca proteger el patrimonio de los compradores de vivienda nueva en el país, estableciendo ciertos parámetros a los constructores y vendedores, quienes deberán responderles por un período de 10 años en el eventual caso que la edificación presente fallas estructurales, amenace ruina o colapso.

El mecanismo que protegerá el patrimonio de los colombianos se hará a través tres mecanismos de resarcimiento: fiducia en garantía, garantía bancaria o una póliza de seguro.

Así las cosas, las familias propietarias que reporten fallas en las viviendas serán indemnizadas (en dinero), en reconstrucción de la vivienda, o intervención para garantizar la estabilidad y seguridad de la construcción.

En caso que las familias requieran arrendamiento, el Gobierno Nacional otorgará un subsidio por un valor mensual de hasta 1,5 SMLMV.

“Queremos que los colombianos que compren viviendas nuevas tengan la tranquilidad que su inversión económica no se va a perder si las construcciones colapsan o amenazan ruina. Con este decreto se completa el paquete de medidas dispuestas en la Ley de Vivienda Segura o Ley Anti Space, que están vigentes y que garantizan mayor control de las licencias urbanísticas, mejores materiales de construcción y mayor control en el momento de iniciar un proyecto”, indicó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.

La aplicación de esta norma no impactará significativamente el precio de la vivienda, ni mucho menos el bolsillo de los compradores. El objetivo es que las personas que detecten irregularidades en las viviendas reporten de inmediato las mismas a la aseguradora o financiera para activar el mecanismo de amparo.

El valor de la cobertura del mecanismo de amparo será igual al valor de reconstrucción o reemplazo de la vivienda amparada según el Índice de Precios del Consumidor (IPC). Las tarifas definidas por las entidades financieras o aseguradoras para la constitución de los mecanismos de amparo sobre las Viviendas de Interés Social y Prioritario tendrán en cuenta el valor tope de las mismas, definido en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Las constructoras y vendedores de vivienda tendrán dos años, como plazo máximo, para otorgar los mecanismos de amparo. Estos cubrirán eventos asociados a fallas estructurales, defectos en los materiales, no aplicación de los estudios de suelo, incumplimiento de las normas de sismo resistencia y defectos en el proceso constructivo.



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