El Gobierno colombiano ha recurrido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de topes de financiación.
La medida fue anunciada por el vicecanciller Jorge Rojas, quien argumenta que esta acción del CNE atenta contra el voto popular que eligió a Petro como presidente en 2022.
El recurso se presentó el mismo día en que el CNE decidió formular cargos contra la campaña de Petro, su gerente Ricardo Roa, y otros miembros del equipo por supuestas irregularidades en la financiación. Según el organismo electoral, se sospecha que la campaña superó los límites de gasto establecidos y utilizó fuentes prohibidas no declaradas.
Jorge Rojas, en funciones de canciller encargado, expresó: “Este es un procedimiento que es muy peligroso para la democracia, yo lo llamo golpe a la democracia”. El funcionario comparó la situación con el proceso de destitución de Dilma Rousseff en Brasil en 2015.
La investigación del CNE señala posibles vulneraciones en los límites de gastos tanto en primera como en segunda vuelta electoral. Se mencionan sumas de 3.709.361.342 pesos y 1.646.386.773 pesos respectivamente, que habrían excedido los topes permitidos.
El organismo electoral también apunta a presuntas omisiones en la declaración de aportes de entidades como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO).
Esta no es la primera vez que Petro acude a la CorteIDH. En 2013, cuando era alcalde de Bogotá, recurrió ante esta instancia tras ser suspendido por la Procuraduría. En aquella ocasión, la Corte determinó que sus derechos políticos habían sido afectados.
La decisión del CNE no especifica el grado de responsabilidad de Petro, quien goza de inmunidad presidencial y solo puede ser investigado formalmente por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El Gobierno colombiano argumenta que esta investigación podría sentar un precedente peligroso para la democracia del país, mientras que el CNE sostiene que está cumpliendo con su deber de vigilar el cumplimiento de las normas electorales.