La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La petición se realizó durante una audiencia ante el Juzgado 3 de Control de Garantías de Bogotá.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, presentó evidencias que vincularían a Ortiz con un esquema de entrega irregular de dineros provenientes de la contratación de la UNGRD. Según la investigación, la exfuncionaria habría participado en la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle.
De acuerdo con el ente acusador, en septiembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), habría ordenado a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, entregar contratos por 60.000 millones de pesos. Los recursos estarían destinados a beneficiar a varios congresistas, incluyendo a Name y Calle, mediante operaciones que debían coordinarse con Ortiz.
La Fiscalía fundamenta su solicitud en el análisis de los requisitos formales, el cumplimiento de fines constitucionales y el juicio de proporcionalidad para la detención preventiva. De aprobarse la medida, Ortiz se convertiría en la primera implicada en el caso en recibir orden de detención carcelaria.
El proceso judicial presenta un nuevo giro después de que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, firmaran preacuerdos con la Fiscalía. La audiencia programada para hoy fue aplazada por problemas técnicos de conectividad y se reprogramó de manera presencial para el próximo 3 de diciembre.