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Fiscalía revela incremento de delitos generados por la publicación de información privada en las redes sociales

Bogotá. La Subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá reveló que durante los últimos dos años se ha registrado el incremento de las denuncias por delitos informáticos y contra la fe pública, tras la imprudencia por parte de los usuarios de las redes sociales al hacer...


Bogotá. La Subdirección Seccional de Fiscalías de Bogotá reveló que durante los últimos dos años se ha registrado el incremento de las denuncias por delitos informáticos y contra la fe pública, tras la imprudencia por parte de los usuarios de las redes sociales al hacer pública su información privada.

La delegada fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo, Sandra López, advirtió que los usuarios de internet tranquilamente revelan sus datos confidenciales, lo cual facilita el fraude electrónico, la extorsión, el secuestro, el matoneo, abusos sexuales o incluso venganzas o represalias por parte de parejas que han terminado una relación sentimental.

Son diarias las denuncias de los usuarios de las páginas sociales en internet, incluso se registran estafas o la elaboración de tarjetas de crédito con datos de personas que no tienen la precaución de mantener en reserva su información personal.

Incluso señaló que hay personas que avisan al público virtual que están fuera de la ciudad, que se encuentran con la familia y esto cada vez es más aprovechado por los delincuentes para ingresar a las viviendas y llevarse sus pertenencias.

Asimismo, el uso de la identificación personal, la dirección de residencia, profesión, empresa donde labora, situación familiar, fotos y demás herramientas importantes para la delincuencia a la hora de preparar un fraude.

“Es de primordial importancia la colaboración que hemos recibido de las autoridades para investigar estos hechos y agilizar el recaudo de los elementos materiales probatorios en cada proceso”, sostuvo la funcionaria.

Sin embargo, criticó la lentitud o negativa en algunos casos por parte de la Superintendencia Financiera para hacer llegar la documentación sobre transacciones electrónicas de cuentahabientes defraudados con este tipo de delitos.