Redacción. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La decisión fue comunicada al presidente de la República, Iván Duque, para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el jefe Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia.
La Fiscalía señala que los elementos recopilados en el proceso que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000, indican que Aníbal Gaviria Correa cuando se desempeña como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
El fiscal del caso encontró que, en el contrato de mejoramiento y pavimentación de La Troncal de la Paz, tramo La Cruzada – Caucasia, suscrito en 2005 por el valor de $41.663.432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29% lo que significó casi 1.500 millones de pesos demás para el contratista.
“Esta modificación desconocido requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”, añadió el ente acusador.
Según la Fiscalía, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.