Fiscalía ocupa bienes de alias “Jorge 40 y Macaco”

La Fiscalía ha descubierto patrones comunes utilizados para ocultar las propiedades; como transacciones, testaferros y la constitución de fiducias para ocultar la negociación.
1 año atrás
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#Judicial. Un total de doce inmuebles rurales -presuntamente- relacionados con exjefes paramilitares colombianos fueron ocupados por la Fiscalía, a solicitud de fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla y Bogotá.

Cuatro de estos bienes estarían vinculados a Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, mientras que los otros ocho se asocian a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”.

Uno de los bienes destacados es la finca Matuzalén, ubicada en Sabanas de San Ángel, Magdalena, con un avalúo de 10.292 millones de pesos. Se cree que esta propiedad fue utilizada como centro de reuniones por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y estaría vinculada a Leónidas Duque Hurtado, un hombre de confianza de “Jorge 40”.

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Los tres inmuebles restantes corresponden a las fincas El Joropo, El Prado y La Pechichona, situadas en Sabanas de San Ángel (Magdalena) y Valledupar (Cesar), con un avalúo que supera los 15.127 millones de pesos. Según la Fiscalía, estos activos están registrados a nombre de una empresa y de la esposa de “Jorge 40”, quien funge como representante legal.

Además, se han identificado ocho lotes en la vereda Las Cruces de Filandia, Quindío, con una extensión de 152 hectáreas y un valor de más de 12.171 millones de pesos. Estos bienes se relacionan con terceros y una empresa con vínculos con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, quien fue excluido del proceso especial de Justicia y Paz.

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La Fiscalía ha descubierto patrones comunes utilizados para ocultar las propiedades de “Macaco”, como transacciones, testaferros y la constitución de fiducias para ocultar la negociación, los fondos y la titularidad de los predios.

Los bienes afectados por las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo serán entregados al Fondo para la Reparación a las Víctimas para su administración. En los últimos tres años y medio, se han decretado medidas cautelares sobre 1.299 bienes, con un valor total de $1.251.534.845.936, lo que representa un incremento del 209% en comparación con el período 2006-2019.