La Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la intervención de la EPS Sanitas, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.
La indagación surge a partir de una denuncia presentada por el abogado de la EPS, Juan David Rivero, quien alega la comisión del delito de prevaricato en la resolución de intervención firmada por el superintendente nacional de Salud.
Rivero afirma que la Fiscalía unió una indagación de oficio y la denuncia presentada por él en calidad de apoderado de la EPS Sanitas.
El abogado sostiene que el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, estaría impedido para llevar a cabo la intervención debido a una supuesta falta de objetividad en su actuar.
Además de la denuncia por prevaricato, la defensa de la EPS Sanitas emprendió una serie de acciones legales, incluyendo una recusación contra el superintendente Leal. También se prevén acciones de tipo constitucional, contencioso-administrativo y civil por los posibles perjuicios derivados de la intervención.
La EPS no solo acudirá a instancias nacionales, sino que también planea llevar el caso al ámbito internacional.
Rivero anuncia que someterán la situación al conocimiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y darán traslado a la relatora del derecho a la Salud Física y Mental de la ONU.