Fiscal defiende futura participación en política de desmovilizados de la guerrilla

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, enfatizó que los guerrilleros que hayan cometido delitos políticos y se sometan al proceso de paz deberían tener la posibilidad de participar en política. Fue así como solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la norma contemplada en el marco jurídico para la paz que permitirá a los desmovilizados su futura participación en política. Frente a la problemática que surge sobre los delitos conexos, Montealegre señaló que debe ser el...


El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, enfatizó que los guerrilleros que hayan cometido delitos políticos y se sometan al proceso de paz deberían tener la posibilidad de participar en política.

Fue así como solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la norma contemplada en el marco jurídico para la paz que permitirá a los desmovilizados su futura participación en política. Frente a la problemática que surge sobre los delitos conexos, Montealegre señaló que debe ser el Congreso de la República a través de una ley estatutaria el organismo que determine cuáles son las conductas punibles que están asociadas a los delitos políticos.

En su planteamiento, el Fiscal General le pidió a la Corte “que se declare constitucional el aparte de la norma que permite a los desmovilizados de la guerrilla participar en política. Considero que una de las bases fundamentales de un proceso de paz es que después de que dejen las armas puedan participar democráticamente en política y fundar partidos”.

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Para Montealegre, la idea central es que la Constitución permita la participación y que una ley estatutaria establezca cuáles serían esos delitos conexos y cuáles no.

En esta solicitud, el Fiscal General explica que además pidió la exclusión de la normatividad a través de la declaración de inconstitucionalidad del aparte en el cual se consagraron sanciones perpetuas y prohibiciones absolutas. Se cierra de por vida la posibilidad de participar en política y esto va en contravía de principios fundamentales de la Constitución como el derecho a la paz y la participación en política.

Asimismo, planteó que cuando haya condenas contra desmovilizados por delitos de lesa humanidad, “estas personas puedan participar en política como un gesto de toda la sociedad colombiana. No estoy de acuerdo en que quien haya sido sancionado por lesa humanidad pierda sus derechos políticos”, enfatizó Montealegre Lynett.

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“Que se circunscriba la participación en política a delitos políticos y delitos conexos con estos, pero que sea el Congreso, una vez firmado el acuerdo de paz y a través de una ley estatutaria, luego de grandes acuerdos nacionales, el que decida cuáles son los delitos conexos” y no que se cierre desde la Constitución la puerta”.

Por su parte, Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo se mostró de acuerdo con la participación política de los grupos armados ilegales desmovilizados en una eventual firma del proceso de paz, advirtió para que esto sea posible se debe condicionar en el marco del respeto de los derechos de las víctimas y la reparación.

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Contradijo a la posición del fiscal Eduardo Montealegre, al decir que los delitos de lesa humanidad deben estar por fuera de la discusión del marco jurídico para la paz y del mismo proceso que se adelanta en La Habana.

Otálora dijo, “para mí e insisto por el derecho de las misma víctimas, no considero que en el marco jurídico para la paz puedan estar consagrados estos delitos, y menos en el proceso de paz”.



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