El presunto acaparamiento de insulina denunciado por el presidente Gustavo Petro fue categóricamente desmentido por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que calificó estas acusaciones como falsas y basadas en un desconocimiento del funcionamiento del sistema de salud colombiano.
“Es falso que haya algún tipo de acaparamiento de productos médicos en este momento por parte de alguno de los gestores farmacéuticos”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien aseguró que los niveles actuales de inventario están por debajo de sus promedios habituales.
Según Cabal, el sector enfrenta actualmente una crisis financiera debido a una deuda superior a los cuatro billones de pesos que el gobierno nacional mantiene con los gestores farmacéuticos, situación que ha obligado a reducir los inventarios disponibles.
“El gran problema que hoy tiene el sistema es que el propio gobierno nacional adeuda más de cuatro billones de pesos, lo cual hace que los niveles de inventario estén por debajo de los niveles históricos”, explicó el dirigente gremial.
La controversia se desató luego de que autoridades sanitarias realizaran una inspección a instalaciones de Audifarma, donde según el gobierno se encontraron 133.000 unidades de insulina almacenadas que no estaban siendo distribuidas a pacientes diabéticos.
Cabal defendió al sector farmacéutico señalando que está conformado por aproximadamente 100 empresas que distribuyen más de 200 millones de medicamentos anualmente en todo el país, cumpliendo una función esencial en la cadena de suministro del sistema de salud.
Las declaraciones del presidente de Fenalco contrastan frontalmente con las afirmaciones del presidente Petro, quien ha sugerido que el almacenamiento de insulina responde a presiones contra la reforma a la salud que actualmente se debate en el Congreso.
Este cruce de acusaciones entre el gobierno y los representantes del sector farmacéutico ocurre en medio de crecientes tensiones por la reforma al sistema de salud impulsada por el Ejecutivo, que busca modificar sustancialmente el modelo de prestación de servicios sanitarios en Colombia.
La polémica también ha generado preocupación entre pacientes diabéticos y organizaciones médicas sobre la disponibilidad y acceso a medicamentos esenciales como la insulina en medio de la disputa entre el gobierno y los gestores farmacéuticos.
