En la mañana de este jueves 25 de julio la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, y Luis Eduardo López Rosero, contratista. La fiscal Andrea Muñoz, encargada del caso, presentó los hechos relacionados con 21 órdenes de proveeduría para el alquiler de 40 carrotanques destinados a La Guajira, así como un contrato de suministros.
La acusación señala que Olmedo López habría coordinado la adjudicación de contratos siguiendo directrices de altos funcionarios gubernamentales, incluyendo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González.
Un aspecto destacado de la investigación revela que López habría recibido instrucciones de González para entregar $4.000 millones a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Esta operación se habría realizado a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones.
La Fiscalía también mencionó la presunta utilización de recursos de la Agencia Nacional de Tierras en este esquema de corrupción. Los acusados enfrentan múltiples cargos relacionados con concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documentos.
La fiscal Muñoz expuso la presunta existencia de una red criminal dentro de la UNGRD para direccionar contratos en beneficio de varios congresistas de diferentes partidos políticos.
