La Procuraduría General de la Nación amplió sus investigaciones disciplinarias en relación al incidente ocurrido en Antioquia, donde el Ejército Nacional interceptó una caravana que transportaba disidentes de las Farc con órdenes de captura vigentes en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El ente de control realizó tres inspecciones en distintas localidades para recopilar evidencia sobre el suceso del 23 de julio. En Bello, Antioquia, los investigadores visitaron una unidad militar para obtener detalles sobre la detención y registro de los vehículos implicados.
En Bogotá, el equipo forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales examinó documentos en la Oficina del Alta Consejería para la Paz. Se revisaron las resoluciones que otorgaban estatus de negociadores o facilitadores a los miembros del grupo armado Estado Mayor Central presentes en la caravana.
La tercera inspección se llevó a cabo en las instalaciones de la UNP. Allí, la Procuraduría recopiló manuales de funciones, protocolos de seguridad y normativas relacionadas con la protección de personas durante el cese al fuego y las negociaciones entre el Estado y el grupo insurgente.
El objetivo de estas diligencias es identificar posibles irregularidades cometidas por funcionarios públicos en relación al incidente. La Procuraduría analizará la información recolectada para determinar si existen faltas disciplinarias y qué servidores podrían estar implicados.
Este caso ha generado controversia debido a la presencia de individuos con órdenes de captura en vehículos oficiales. La investigación busca esclarecer las circunstancias del evento y determinar si se siguieron los protocolos establecidos para el transporte de personas vinculadas al proceso de paz.
