Entes de control vigilarán administración de recursos destinados a atención de emergencia por COVID-19

Transparencia para la emergencia, dará prioridad a los asuntos contractuales relacionados con salud, seguridad y convivencia, educación, y servicios sociales y de atención de emergencias.


Nación. Por medio del programa Transparencia para la emergencia, la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, intervendrán conjuntamente para evitar las irregularidades en los contratos y servicios para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus.

De acuerdo con lo manifestado por las entidades, actuarán con celeridad en la investigación sobre hechos de corrupción que sean detectados.

En el marco de sus competencias, cada institución verificará el uso de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población. Para ello, equipos especializados integrados por personal de cada entidad recibirá las quejas de la ciudadanía y procederá a identificar los puntos más vulnerables con el fin de blindar los procesos de contratación donde exista riesgo.

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“No vamos a permitir que los recursos de los colombianos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos”, es lo que han manifestado el Procurador Fernando Carrillo Flórez, el Contralor Carlos Felipe Córdoba y el Fiscal Francisco Barbosa Delgado.

Adicional a esto, los entes de control han manifestado que semanalmente informarán al país sobre observaciones, resultados y hallazgos del programa conjunto.

En este orden, la información será recopilada por la Delegada Preventiva para la Función Pública, 84 procuradurías territoriales y un grupo especializado de la Unidad de Inteligencia y Analítica de la Procuraduría; junto a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI- de la Contraloría General, así como sus Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales.

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Se procederá a un traslado a la Fiscalía General de la Nación en caso de que las circunstancias lo ameriten. Esta institución será la encargada de indagar sobre las irregularidades detectadas y judicializar a los responsables.



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