En medio de la polémica, proyecto de Seguridad Ciudadana fue aprobado en Cámara

Uno de los puntos más polémicos que plantea este proyecto de ley está relacionado con los conceptos de legítima defensa y proporcionalidad.


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Redacción. Tras aproximadamente 12 horas de discusión en sesiones extraordinarias, la Cámara de Representantes aprobó en medio de la polémica el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional sobre Seguridad Ciudadana.

Aunque en el papel este proyecto busca dar más herramientas a la Policía y autoridades locales para actuar frente a conductas delictivas como el hurto violento y disminuir el índice de reincidencia, otras voces señalan que legalizaría los abusos de la fuerza pública en el contexto de la protesta social.

El proyecto que está ahora muy cerca de convertirse en ley de la República, plantea entre otros aspectos reformar varios artículos del código penal, para que el reincidente de delitos de impacto sea sancionado con prisión.

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Los aspectos polémicos del Proyecto de Ley 

Protestas en Colombia- Foto: CNN

Pero uno de los puntos más polémicos que plantea este proyecto de ley está relacionado con los conceptos de legítima defensa y proporcionalidad.

De acuerdo con el articulado del proyecto, se exime de responsabilidad penal cuando la legítima defensa se ejerza para rechazar a una persona que intente invadir su espacio privado como su habitación, dependencias inmediatas, propiedades comerciales cerradas al público o un vehículo ocupado.

Plantea además que la legítima defensa se puede ejercer utilizando incluso fuerza letal siempre y cuando quien intente ingresar a los escenarios descritos anteriormente, lo haga de manera violenta.

Este es el punto álgido del debate, el senador Roy Barreras aseguró que esta ley fomentará “el fusilamiento en las calles y la justicia por mano propia”.

El proyecto también plantea aumentar las penas por homicidio de 41 a 60 años cuando se cometan contra un miembro de la fuerza pública o de organismos que cumplen funciones permanentes o transitorias de policía judicial.

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De igual forma, propone sanciones no excarcelables para casos de hurto violento y mínimas y cuantías.

También ha generado debate por la propuesta de imponer penas de prisión de 4 a 12 años a quienes realicen afectaciones a la infraestructura como los sistemas de transporte público, instalaciones militares o de Policía.

Plantea también el delito de instigación a delinquir con penas de hasta 6 años de cárcel y con el agravante ocultar la identidad tras máscaras, el empleo de armas convencionales o instrumentalizar a menores de edad.

Varias voces de sectores de oposición señalan que con este proyecto de ley lo que se está haciendo es regular de manera forzosa y arbitraria la protesta social.

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