Nación. Según un reporte entregado al Congreso de la República por la Comisión de Seguimiento A Ley de Victimas, indica que persiste la incertidumbre puesto que a pocos años de terminar la vigencia de la Ley, existen incumplimientos en la atención y reparación integral, participación y restitución a los derechos de las víctimas.
También preocupan las víctimas étnicas, pues la estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas, culturales y poblacionales.
Es por tal razón que la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, conformada por Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Mesa Nacional de Víctimas, reiteró que la Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se está manejando con trabas, obstáculos y fallas, para las víctimas que recurren a esta Ley para tratar de resarcir el daño que la guerra les causó.
La Comisión resalta que el tema de presupuesto se encuentra muy grave, sobre todo para los grupos étnicos. “La ausencia de un plan financiero específico para la población víctima étnica ha sido un obstáculo estructural para la puesta en marcha de los Decretos, así mismo La Agencia Nacional de Tierras ha informado que con la asignación presupuestal actual, requeriría 78 años para superar las cuestiones no resueltas en materia étnica y agraria” sostiene la Comisión.
Dentro del informe se seguimiento se hizo un llamado para que se realicen modelos responsables y se articulen compromisos por parte de las diferentes entidades en el cumplimiento de sus obligaciones legales para contribuir a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
Y es que el panorama es igual de desalentador. “para las víctimas de violencia sexual aún siguen falencias básicas en la atención en salud física y psicosocial”, asegura la Comisión, pues las políticas de atención “no tienen mayor cobertura y su implementación se retrasa cada año por aspectos contractuales y presupuestales”, a esto se le suma el tema de amenazas y homicidios a líderes de estos procesos.
Según la cifras de la Defensoría del Pueblo 186 personas han sido asesinadas entre 2016 y el 5 de julio de 2017 por defender estos derechos de las víctimas, finalmente así lo detalla la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas.
