Carlos de Miguel, oficial a cargo de la división de desarrollo sostenible y asentamientos humanos de la CEPAL y secretario del Acuerdo de Escazú, respondió a las críticas sobre el tratado ambiental en una reciente entrevista concedida a La Razón.co.
De Miguel enfatizó que el Acuerdo de Escazú no perjudica a ningún sector económico. “El acuerdo no perjudica a ningún sector, de hecho los beneficiarios del acuerdo son las personas, es el público”, declaró el funcionario.
El experto instó a leer el contenido real del documento. “Se han dicho muchas cosas a favor y en contra que no están en el documento”, señaló De Miguel, agregando que a veces se mezclan discusiones ajenas al texto específico del acuerdo.
Sobre la reciente ratificación del acuerdo por parte de la Corte Constitucional de Colombia, De Miguel la calificó como “muy buena”. Según el funcionario, esta decisión reconoce la constitucionalidad del acuerdo tanto en forma como en fondo.
“Eso permite que dejemos esas discusiones polarizantes y nos focalicemos en la implementación“, expresó De Miguel, haciendo un llamado a superar los debates y avanzar en la puesta en marcha del acuerdo.
El Acuerdo de Escazú busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
De Miguel resaltó que el acuerdo ofrece oportunidades para todos los sectores, incluyendo el privado, en la búsqueda de mejores soluciones ambientales. “El sector privado puede estar participando en la implementación de estos derechos y utilizar el acuerdo para garantizar sus derechos de acceso a la información y justicia”, concluyó.
